El Desfalco en el IPN: Una Maquinaria de Corrupción

El Desfalco en el IPN: Una Maquinaria de Corrupción que Devora la Educación PúblicaEn las entrañas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), esa institución que debería ser faro de innovación y equidad para miles de jóvenes mexicanos, se ha destapado un pozo negro de corrupción que apesta a codicia desmedida y negligencia criminal. El secretario de Administración, un burócrata que manejaba las llaves del erario con manos de ladrón, ha sido señalado por desviar recursos públicos en una operación que no es un error aislado, sino el engranaje oxidado de un sistema podrido hasta la médula. Estamos hablando de millones de pesos evaporados en un festival de facturas falsas, contratos inflados y pagos fantasma, todo mientras estudiantes luchan por pupitres decentes y laboratorios funcionales. Esta no es solo una traición al dinero del pueblo; es un puñetazo en el estómago a la esperanza de generaciones enteras, un recordatorio brutal de cómo los parásitos en puestos públicos succionan la vida de lo que debería ser intocable: la educación.El proceso de este escándalo, que se remonta a meses de irregularidades sistemáticas, comienza con una auditoría interna que, como un bisturí romo, apenas raspa la superficie de la herida infectada. Desde el arranque del ejercicio fiscal 2024, el secretario —ese funcionario que se pavoneaba en oficinas climatizadas mientras firmaba cheques al vacío— orquestó un esquema donde proveedores fantasmas recibían pagos por servicios inexistentes. Imagínese: remesas por "mantenimiento de infraestructura" que nunca llegó a las aulas derruidas de Ciudad de México o Ecatepec, o "suministros educativos" que terminaron en bolsillos privados. Los montos, que superan los 150 millones de pesos según las primeras revisiones, no son migajas; son fortunas robadas a la luz del día, canalizadas a través de empresas pantalla registradas en paraísos administrativos locales, con facturas que parecen sacadas de un manual de impostores.Pero vayamos al grano del proceso, ese laberinto burocrático que los corruptos adoran porque les da tiempo para borrar huellas. Todo inicia con la requisición de fondos: el secretario, en connivencia con subalternos complacientes, genera solicitudes infladas para proyectos "prioritarios" como la modernización de centros de estudios o la adquisición de equipo tecnológico. Estas pasan por un filtro de aprobaciones donde nadie pregunta, nadie verifica. Luego, los contratos se adjudican a "licitantes" afines —familiares disfrazados de empresarios, excompañeros de universidad con deudas de favores—, con sobreprecios que oscilan entre el 40% y el 80%. El dinero fluye: transferencias electrónicas a cuentas controladas, retiros en efectivo justificados como "gastos operativos", y un rastro digital que, si no fuera por la torpeza de los involucrados, sería impenetrable. Al final del ciclo, los informes de avance son mentiras piadosas: laboratorios que siguen sin microscopios, becas que se diluyen en el aire, y un IPN que cojea mientras sus directivos engordan.Lo más indignante de este proceso no es solo el cómo, sino el porqué nadie actuó antes. Durante al menos dos años, denuncias anónimas de personal sindicalizado y hasta de alumnos —esos mismos que pagan con sudor becas que no ven materializarse— se amontonaron en cajones polvorientos. El director general del IPN, ese supuesto guardián de la integridad, miró para otro lado, priorizando fotos en inauguraciones ficticias sobre la depuración real. Y ahora, con la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR), el proceso legal arranca con una lentitud que huele a encubrimiento: citatorios que tardan semanas en emitirse, peritajes contables que se eternizan, y un secretario que, según filtraciones, ya ha contratado abogados caros para tejer narrativas de "errores administrativos". ¿Errores? No, señores: esto es un atraco a mano armada, con el arma siendo la confianza pública.Ampliemos el lente a la red de complicidades que sostiene esta podredumbre. No es un lobo solitario; es un enjambre. Subdirectores de finanzas que firmaban sin leer, contadores que manipulaban libros como marionetas, y hasta proveedores externos que, con sonrisas cínicas, devolvían "comisiones" en cenas opulentas. El desvío no se limitó a un solo ramo presupuestal: tocó fondos para investigación científica —esos que deberían impulsar patentes y no yates privados—, apoyos a estudiantes indígenas de zonas marginadas, y hasta el mantenimiento de residencias estudiantiles que hoy lucen como ruinas victorianas. En números crudos: al menos 45 contratos irregulares identificados, involucrando a 12 empresas dudosas, y un impacto directo en 8 unidades académicas del IPN, desde el Centro de Investigación en Computación hasta la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Cada peso robado es un estudiante sin laptop, un profesor sin actualización, un sueño educativo aplastado bajo el peso de la avaricia.Este caso, que estalla en diciembre de 2025 como una granada de fragmentación, no es un accidente histórico; es la culminación de décadas de laxitud en el IPN. Recordemos los escándalos previos: en 2019, un desfalco similar en becas dejó a cientos de politécnicos en la intemperie; en 2022, contratos de obra pública que se evaporaron en el Valle de México. Pero esta vez, el proceso de rendición de cuentas debe ser implacable, sin medias tintas. La FGR ya ha incautado documentos y congelado cuentas, pero eso es solo el aperitivo. Exigimos juicios públicos, decomisos totales, y una depuración quirúrgica que arranque de tajo a los cómplices. El IPN no puede seguir siendo un buffet para corruptos; debe renacer como el bastión meritocrático que prometió en 1936.La corrupción en la educación no es un delito más; es genocidio lento contra el futuro de México. Cada desvío es un niño que abandona la escuela por falta de recursos, una nación que se rezaga en la carrera global. Al secretario y su pandilla les decimos: su impunidad se acabó. El proceso apenas comienza, pero será duro, exhaustivo y sin piedad. Porque si no castigamos a estos vampiros administrativos con todo el peso de la ley —cárcel, multas que duelan, inhabilitación perpetua—, ¿qué mensaje enviamos a los honestos que aún pelean desde las trincheras del aula? México merece un IPN limpio, no un cementerio de buenas intenciones enterrado bajo montañas de facturas falsas. Es hora de que la justicia muerda, no lama heridas.E